Los recientes sucesos acontecidos este diciembre en Argentina han dejado en claro que el pueblo tiene su propia voz. A pesar de la desinformación de los medios de comunicación, las protestas callejeras frente al Congreso para impedir la sanción de la ley previsional como los cacerolazos en los puntos principales de cada provincia fueron un ejemplo de ello. Cansado del atropello del gobierno, el pueblo salió a la calle a decirle NO al ajuste que, como siempre, golpea a los sectores más vulnerables.

Más allá de todas las críticas que se le quieran hacer a los representantes de la izquierda, son estos los únicos que denuncian cuánto cobran los diputados y las implicancias que las medidas económicas del presidente Macri tienen en los trabajadores. ¿Por qué no son ellos, los que más ganan, quienes tengan que recortarse los sueldos? ¿Por qué no son ellos quienes se deban preocupar por si su salario alcanza o no para pagar el alquiler, los impuestos, medicamentos, etc.?

La clase dirigente nunca benefició  ni beneficiará a los sectores más postergados. Esto se vuelve más que evidente con este gobierno que recorta a los que más necesitan, que aprueba leyes a favor de empresas  multimillonarias, que desoye los reclamos del pueblo, que no consulta ni dialoga y lo impone todo mediante el uso de la fuerza.

Ya lo había dicho en el inicio del mandato de Cambiemos el premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz: “Las primeras medidas del gobierno de Macri son preocupantes (…) es una gran transferencia a los ricos, con un gran costo para el trabajador promedio”.

Recordemos brevemente cuáles son esas medidas:

-Eliminación de las retenciones para la agroindustria

-El Ministerio de Salud autorizó la suba de los medicamentos y el Ejecutivo decidió reducir la cantidad de remedios que se entregaban sin costo a través del Pami (obra social de jubilados y pensionados)

-Aumento del transporte público (entre el 66% y el 100% en el caso de los colectivos).

-Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Decisión que fue considerada como “muy positiva”. La pregunta es ¿para quiénes?, ya que el primer trimestre de este año el sector minero encabezó el ranking de despidos.

– Y no podemos olvidar otro regalo para los amigos del campo: la disminución gradual de retenciones a la soja comenzando este enero de 2018 con un 0,5% menos por mes hasta llegar a una retención total del 18% en diciembre de 2019.

La lista continúa, todos lo sabemos. Entonces esto nos lleva a preguntarnos: ¿el hecho de que los gobernantes hayan sido electos por cierta cantidad de votos les da la potestad avasallante de decidir y no permitir siquiera opinar a los ciudadanos? ¿Son los dueños de la verdad así sea imponiéndose por la fuerza? Miles de personas protestaron en las calles y en las plazas. Sin embargo el gobierno hace oídos sordos y avanza en una reforma que ajusta a la mayoría y beneficia a los pocos de siempre. Todo ello nos conduce a una conclusión: los trabajadores y el pueblo tienen el derecho absoluto de negarse y protestar contra las reformas que les son perjudiciales, como así también el legítimo derecho a defenderse de los ataques tanto verbales como físicos.

El pueblo está ejerciendo la legítima defensa de sus derechos, de su calidad de vida y de su futuro. Su fuerza  ha dejado su impronta y ha transmitido conciencia de lucha. De ello hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia. No obstante el gobierno pretende ignorarlo todo e intenta imponer una nueva ideología de la esclavitud del siglo XXI. Se vale de su fuerza y menosprecia a quienes debería servir.

Hoy está renaciendo el canto popular “que se vayan todos…., que no quede ni uno solo….”  Convicción que refleja que nuevamente seremos la clase trabajadora y el pueblo en general quienes digamos basta y marquemos el camino.

Rebecca Guerra

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here