Hoy en Argentina se viven a diario hechos de represión y persecución política. Organizaciones de diferente índole se ven claramente perjudicadas por la violencia judicial y la del poder político gobernante.

Luego de las masivas movilizaciones del pasado 14 y 18 de diciembre contra la ley de reforma previsional, el gobierno nacional y los provinciales aplican sistemáticamente un avance represivo utilizando todas las herramientas que disponen para esto.
El gran repudio contra la política de saqueo, la quita de derechos jubilatorios y los aumentos en las tarifas, han generado malestar en los gobernantes po ello pretenden controlar estas situaciones mediante persecución política y castigo a todos los sectores que salen a luchar y enfrentar estos cambios que hacen retroceder los intereses y derechos de las mayorías.

El actuar de los jueces deja en evidencia la alineación con las políticas del poder ejecutivo avalando todo el actuar del gobierno y atacando directamente al derecho a reclamar. El fin de estas maniobras es imponer miedo, silenciar a los que salen a enfrentar el ajuste impuesto por la clase política.

Esta justicia nuevamente adicta al gobierno, encarceló a César Arakaki y Dimas Ponce militantes del Partido Obrero, acusados de participar de la enorme movilización contra el robo a los jubilados. También la fiscal Alejandra Mangano imputó al militante del PSTU Sebastián Romero, acusado de usar fuegos artificiales en una manifestación masiva.

Fiscales y jueces federales se apresuran por aplicar castigos contra los manifestantes y en contraposición ninguno prioriza la violenta represión que atacó el primordial derecho a la protesta con infiltrados policiales de lo peor de la corrupción policial y la justicia viciosa al poder de turno.

Todos estos hechos de amedrentamiento directo a organizaciones políticas, sociales y sindicales tienen un objetivo claro: atacar conquistas, quitar el derecho a opinión de los diversos sectores y legitimar el abuso de poder que nuestro pueblo jamás aceptó.

Graves ataques a los luchadores

Atentado que sufrió , Martín Alderete, abogado de Sebastián Romero, a quien le rompieron la ventana de su auto para introducirle una bomba de estruendo que lo incendió parcialmente.

Con falsas operaciones de servicios de inteligencia con amenazas de bomba y panfletos que adjudicaban el ataque al Partido Obrero, con allanamientos producidos en el domicilio de la hermana de Germán Tonero, obrero de General Motors, delegado del SMATA y militante del PSTU, con el pedido de captura internacional de Sebastián Romero que solicita el juez federal Sergio Torres, con las amenazas recibidas por Martín Alderete, abogado defensor de Sebastian Romero, queda en evidencia que la violencia viene del aparato que tiene el poder y responsables políticos. Exponente testigo de esta situación: el ministerio de seguridad en manos de Patricia Bullrich.

Comunidades reprimidas

Este avance represivo también afecta a las comunidades de diferentes pueblos. El gobierno y la justicia avalan ataques y violencia a comunidades que viven momentos muy difíciles.

Recordemos el asesinato de Rafael Nahuel en las manos de Prefectura y la desaparición de Santiago Maldonado. Ambos fueron hechos políticos en los cuales la única respuesta del gobierno fue poner las manos en el fuego por las fuerzas de seguridad, demostrando claramente su complicidad con los ejecutores de los crímenes.

El líder de la comunidad Qom de Formosa, Félix Díaz denuncia “La ley antiterrorista creada por la gestión anterior y apoyada por los partidos políticos es usada hoy por el Gobierno para reprimir a los que se oponen y reclaman”.

Genocidas con beneficios

Esta escalada también le sirvió al magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 José Martínez Sobrino, que benefició con prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. Este represor imputado con delitos de lesa humanidad estuvo a cargo 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar. Para considerar este beneficio este juez tampoco tuvo en cuenta la desaparición de Julio López que se produjo días después de que el testigo declarara en una causa en contra de Etchecolatz, en 2006. Etchecolatz hoy goza de prisión domiciliaria mientras la justicia mete presos en cárceles comunes a manifestantes contra el ajuste.

La historia se repite

El mismo rol que cumplió años atrás el radicalismo de la mano de Fernando De La Rúa, comienza a verse en los pactos y cumplimientos con organismos internacionales de crédito como el banco mundial y el FMI, los que impulsan con todos los cambios y soluciones retrogradas que hoy plantea Mauricio Macri y su todo gabinete.
Estos planes, en esos años, fueron totalmente rechazados por las grandes mayorías lo que derivo en grandes protestas que terminaron con la renuncia, del en ese entonces, presidente de la nación.

La represión continuara

El gobierno dejo en claro que continuara con esta política represiva para imponer a la fuerza sus medidas antipopulares. Los trabajadores de la Junta Interna de ATE en la planta de Fabricaciones Militares, denunciaron que el gobierno nacional llamó a una licitación privada para comprar 15 millones de postas de balas de goma, que deberán ser entregadas en febrero, mes que podría tornarse conflictivo por el intento oficial de aprobar la reforma laboral, que supone una brutal quita derechos a los trabajadores.

La solidaridad y la unidad se hacen imprescindible

Hoy la solidaridad y la unidad son imprescindible. Se plantea el desafío de no caer en la desinformación que producen las grandes empresas periodísticas voceras del gobierno. También en construir la unidad para defender los derechos que como sociedad hemos ido construyendo por décadas con lucha, con organización basada en la más amplia unidad para terminar con las mentiras de los que implementan ajuste y represión.

 

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